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LA ETNOEDUCACIÓN DERECHO FUNDAMENTAL COLECTIVO

el diciembre 22, 2021

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Hugo Lascarro P: Barranquilla, Atlántico, Colombia

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Por Hugo Lascarro Polo El artículo 121 del CGP, señala lo siguiente: Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal. Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término

¡UNA SENTENCIA QUE GUSTARÁ A MÁS DE UNO

Recientemente la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia expidió la sentencia SL 1947 – 2020 [70.918 ], donde cambió el criterio jurisprudencial sostenido por esa corporación en forma pacífica donde sostenía la improcedencia en la sumatoria de semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales con tiempos de servicios públicos a efectos de conceder la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, bajo el entendido de que esta normatividad no previó expresamente tal posibilidad, como sí lo hizo unos años atrás la Ley 71 de 1988. A partir de la expedición de la nueva sentencia, se permitirá el reconocimiento de la pensión de vejez a los beneficiarios del régimen de transición en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y les resulte aplicable el Decreto 758 de 1990, en el sentido que esta puede consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas. Tomando como base que el li

LA JUSTICIA VIRTUAL IMPROVISADA FINALIZA EN JUNIO DE 2022

Autor Hugo Lascarro Polo, Abogado en temas laborales y pensionales, Youtuber, podcaster y bloguero jurídico Teléfono de contacto 318 414 3842 Correo electrónico huglaspol@outlook Redes Sociales 1. Facebook: Hugo Lascarro P 2. Twitter: @HugoLascarroP 3. Instagram: @huglascpol 4. YouTube: Academia Laboral 5. Spotify: Academia Laboral El 04 de Junio de 2020, el Gobierno nacional por causa de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID19 expidió el Decreto 806 de 2020, con el fin de implementar las TIC en los procesos judiciales y los deberes de los sujetos procesales y autoridades judiciales en relación con el uso de estas tecnologías, el mencionado decreto se le colocó un término de vigencia de dos años a partir de su expedición [Articulo 16, D. 806 de 2020], es decir, tendría vigencia hasta el 04 de Junio de 2022. Hasta el momento no se ha ex

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Hace poco encontré una sentencia [ STC 4344 – 2020 ] de la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia donde negaban una acción de tutela donde se pedía conceder el principio de doble conformidad a una persona que ostentaba fuero constitucional. Cuando descargué la sentencia para leerla, lo primero que me llamó la atención fue el magistrado ponente, era el Dr. Luis Armando Tolosa Villabona, uno de los mejores magistrados que ha llegado a esa alta corporación de justicia. Sin embargo, cuando empecé a leerla, resultó muy engorroso, y la razón es que la tutela podía haberse negado simplemente manifestando que como la sentencia por la cual Sala de Casación Penal condenó al accionante data del 31 de mayo de 2012 no le asistía derecho a la doble conformidad de acuerdo con lo expuesto por la H. Corte Constitucional en la sentencia C – 792 de 2014 , SU. 215 de 2016 y más recientemente la sentencia SU. 146 de 2020 . A pesar de lo anterior, el Dr. Luis Armando Tolosa Vi

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